Por Martin S. Kenney, Alex D. Moglia y Alexander Stein, PhD

Vivimos en una era en la que las transferencias electrónicas de fondos se realizan en milisegundos y la capacidad de comunicarnos y recopilar información ha transformado la manera en que nos desenvolvemos, tanto en contextos profesionales como personales. No es sorprendente que el delincuente económico experimentado, o el deudor recalcitrante con activos que ocultar, aproveche este mundo sin fronteras para viajar y mover dinero con facilidad. A medida que los obligados éticamente cuestionables buscan transferir y ocultar activos a nivel transfronterizo, los expertos en recuperación internacional de activos enfrentan el arduo desafío de localizar y recuperar dichos bienes en países desarrollados y en vías de desarrollo.

Los investigadores dedicados a proyectos de recuperación de activos ocultos se centran principalmente en localizar los activos. Pero se requiere más: definir la forma en que se detenta el activo y reunir pruebas que lo vinculen con una conducta ilícita o con su autor es esencial para lograr la recuperación. Este proceso implica un conjunto de disciplinas distintas, aunque a menudo superpuestas. La recuperación de activos ocultos —sea cual sea su forma— puede ser una tarea difícil, incluso extremadamente compleja. Se han invertido tiempo, esfuerzo y recursos ajenos en ocultar la ubicación y el rastro de dichos activos. Aunque algunos casos pueden resolverse con relativa facilidad, una misión internacional de rastreo y recuperación de activos figura entre los desafíos más exigentes para expertos financieros, investigadores y asesores jurídicos especializados.

Existen múltiples opciones investigativas y recursos legales que pueden asistir a una víctima de fraude o a un acreedor frente a un deudor acaudalado pero deshonesto. El potencial de recuperación es directamente proporcional al tiempo y a la especialización invertidos en el esfuerzo. Una recuperación exitosa requiere un equipo multidisciplinario que normalmente incluye profesionales en investigación, finanzas, contabilidad, tecnología y abogados especializados. Recientemente, también se incorporan analistas de inteligencia blanda y factores humanos, expertos en psicología del fraude y psicodinámica organizacional. Su rol central consiste en aportar una visión estratégica sobre las maniobras —visibles y encubiertas— de deudores de alto perfil, así como sobre la arquitectura de sus relaciones personales y organizacionales. El análisis de los llamados “datos sombra” permite identificar puntos de presión y vulnerabilidades que pueden ser utilizados tácticamente contra demandados difíciles.

El tiempo es un factor crítico. En casi cualquier investigación donde los activos han sido movidos, debe considerarse rápidamente la recuperación. El elemento sorpresa y la acción inmediata no deben subestimarse. La abundancia de mecanismos de protección patrimonial y la facilidad con la que se pueden transferir fondos pueden frustrar incluso los esfuerzos de recuperación más meticulosamente planificados.

El costo de coordinar ejercicios significativos de localización y recuperación de activos —que pueden requerir trabajo legal e investigativo extenso— es uno de los principales obstáculos, incluso para las víctimas más robustas y con mayor capacidad financiera.

Otros obstáculos frecuentes incluyen:

• Complejidad fáctica y jurídica en múltiples jurisdicciones.
• Desarmonía normativa que dificulta el acceso a documentación e información en manos de intermediarios del mercado de capitales que gestionan —o lavan inadvertidamente— fondos sospechosos.
• Leyes de secreto bancario y corporativo que frustran los intentos de descubrir el paradero de la riqueza sustraída.
• Conflictos aparentes entre sistemas jurídicos.
• La necesidad de desmantelar la ficción legal de la “persona jurídica” para acceder a fondos protegidos dentro de esa entidad.
• Abuso del derecho de fideicomisos y agencias para distanciar superficialmente la atribución de fondos sospechosos o para colocarlos en un “capullo legal”.
• Presunción de buena fe en operaciones realizadas mediante “sociedades”, “contratos”, “fideicomisos”, entre otros.
• Subestimación de la ferocidad, tenacidad o agilidad organizacional del adversario (o redes de adversarios), junto con una preparación insuficiente para enfrentar factores humanos inescrutables, irracionales o impredecibles.
• El tiempo, o su escasez.

Una vez establecido que los activos han sido apropiados indebidamente, el siguiente paso en cualquier ejercicio de recuperación consiste en verificar que dichos activos existen en una forma susceptible de recuperación. Si los activos han sido mal invertidos o, peor aún, ya gastados, puede que no valga la pena iniciar un proceso que, en el mejor de los casos, resulte en una victoria pírrica.

Confirmada la existencia de activos recuperables, será necesario determinar cómo y dónde se encuentran. La ubicación puede ser un factor determinante. Si, por ejemplo, el costo de litigar en una jurisdicción específica es tal que la recuperación arrojará escaso beneficio neto, la víctima podría optar por asumir la pérdida, especialmente si existe el riesgo de una condena en costas.

Independientemente de dónde se encuentren los activos, es aconsejable —siempre que sea posible— coordinar con las autoridades locales, ya que podría existir inteligencia disponible que reduzca o elimine la necesidad de invertir en investigaciones. En algunos casos, es posible colaborar con autoridades y agencias gubernamentales locales para asegurar la recuperación sin necesidad de iniciar procedimientos judiciales, sujeto a las precauciones pertinentes.