Por Thomas Fox

La Evaluación del DOJ sobre los Programas de Cumplimiento Corporativo, específicamente en el Punto 7 sobre Reportes Confidenciales e Investigaciones, plantea la siguiente pregunta: Investigación adecuadamente delimitada por personal calificado – ¿Cómo ha garantizado la empresa que las investigaciones estén correctamente delimitadas, sean independientes, objetivas, conducidas de manera adecuada y debidamente documentadas?

Estas exigencias ya habían sido anticipadas por el Memorando Yates del DOJ y el Programa Piloto de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA). La presión sobre cada Director de Cumplimiento (CCO), y sobre la empresa en general, para realizar investigaciones rápidas, eficientes y, sobre todo, correctas, es hoy mayor que nunca.

Recientemente tuve la oportunidad de conversar con Jonathan Marks, socio de Marcum LLP y reconocido experto en investigaciones internas, para conocer su perspectiva sobre lo que implica una investigación bien ejecutada. Marks comenzó advirtiendo que todo CCO debe ser consciente de las directrices establecidas en la Evaluación. Todo comienza por identificar quién, dentro de la organización, está revisando la denuncia y si el CCO, el equipo de cumplimiento o el departamento legal tienen las competencias necesarias para abordar el asunto.

Evidentemente, si se trata de cuestiones contables complejas o de alteraciones significativas en los controles internos, es posible que el CCO no tenga las capacidades técnicas para comprender todos los aspectos involucrados.

De manera similar, si el caso involucra una investigación global bajo la FCPA o delitos equivalentes de soborno y corrupción, Marks señaló que “estos casos vienen en distintos formatos, y debido a esa diversidad, puede que no se cuente con las habilidades necesarias para llevar a cabo una investigación en países como Brasil, Rusia, China o India”.

Todo esto influye en cómo el gobierno evaluará la investigación, especialmente si la empresa no tiene las capacidades necesarias para analizar la denuncia, o si la gravedad del fraude amerita una investigación independiente en lugar de una interna.

Además, si las denuncias o la investigación están sujetas a escrutinio regulatorio, uno de los beneficios de contar con un investigador externo es la independencia, el escepticismo profesional y la capacidad de abordar el caso sin los condicionamientos que suelen existir en una auditoría interna. Marks concluyó señalando que “desde la perspectiva de un observador externo, contar con alguien independiente para realizar la investigación aporta mayor credibilidad”.

Marks considera que lo primero que debe hacer cualquier investigador es comprender el entorno empresarial y la estructura extendida de la organización. Explicó: “Me refiero a entender realmente el negocio, el sector en el que opera, los riesgos potenciales, las presiones y motivaciones que podrían estar en juego. En la mayoría de los fraudes, suele haber una presión que impulsa la acción y ciertas motivaciones detrás”. Esta comprensión inicial permite identificar los controles internos existentes o ausentes, y si estos fueron mal diseñados o vulnerados.

El siguiente paso es analizar rápida y exhaustivamente los hechos y circunstancias subyacentes al problema. Para Marks, el aspecto más importante es la credibilidad de la denuncia, que va más allá de la credibilidad del denunciante. Es esencial entender cómo surgieron las acusaciones y la gravedad de los hechos. Su análisis inicial incluiría preguntas como:
“¿Qué dicen que ocurrió? ¿Qué afirma haber ocurrido el denunciante? ¿Cuál es el contexto de la denuncia, si se conoce? ¿Cuánto tiempo lleva esa persona en la organización? ¿Es creíble? ¿Ha presentado denuncias anteriormente? ¿Se trata de un informante interno o de una pista externa?”

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