Por: Kirby D. Behre, Lauren E. Briggerman y Sarah A. Dowd
Miller & Chevalier Chartered
Hasta hace poco, las investigaciones de cárteles transfronterizos por presunta fijación de precios en industrias clave —como carga aérea, servicios de transporte, paneles de cristal líquido con transistores de película delgada (TFT/LCD), autopartes y manipulación de tasas como el LIBOR y el mercado FOREX— eran el foco principal de los reguladores antimonopolio a nivel global.
Estados Unidos ha desempeñado históricamente un papel de liderazgo en la aplicación de normas contra cárteles, incentivando a otros países a reforzar sus mecanismos de control. El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) ha coordinado esfuerzos con la Unión Europea y otras jurisdicciones para investigar actividades de cártel, incluyendo allanamientos sorpresa y el intercambio de información.
Sin embargo, el DOJ no ha iniciado ninguna nueva investigación de gran escala y alcance internacional en más de un año. La investigación sobre autopartes está prácticamente cerrada, y la investigación sobre capacitores no se ha expandido como se esperaba. Como resultado, las multas corporativas han disminuido drásticamente: de un máximo de 3.890 millones de dólares en el año fiscal 2015 a solo 321 millones en 2016. Asimismo, las acciones penales contra ejecutivos corporativos han caído significativamente, ya que el DOJ ha centrado su atención en investigaciones domésticas de menor escala.
Sin Estados Unidos liderando investigaciones transfronterizas, el resto de América también ha redirigido su enfoque hacia el ámbito interno. Canadá continúa investigando denuncias de cárteles, aunque en segundo plano respecto a EE. UU., y ha obtenido menos multas y declaraciones de culpabilidad. En el último año, la única sanción impuesta por Canadá en una investigación internacional fue en el caso de los pósters murales en línea, donde Amazon.com fue multada por participar en un esquema de fijación de precios.
Brasil ha incrementado su actividad desde la adopción de un régimen de competencia más estricto en 2012. No obstante, sigue enfrentando procedimientos ineficientes que prolongan los casos durante años sin resolución. Su enfoque sigue siendo mayormente doméstico, especialmente tras la implicación de su autoridad de competencia, CADE, en la histórica investigación de corrupción conocida como “Operación Lava Jato”, centrada en la empresa estatal Petrobras.
En el resto del continente, la aplicación transfronteriza de la ley aún no es una realidad. En 2016, Chile promulgó una ley contra los cárteles “duros” que aumenta las sanciones, crea un programa de clemencia y facilita el litigio privado. Esta ley entró en vigor en junio de 2017.
Argentina ha presentado legislación similar, aunque aún no ha sido aprobada. Estos esfuerzos legislativos reflejan que muchos países de América cuentan, en el mejor de los casos, con regímenes de aplicación incipientes, y algunos ni siquiera tienen leyes de competencia vigentes.
Aparte de Estados Unidos, Canadá y Brasil, pocos países en América han iniciado investigaciones de cárteles con implicaciones internacionales. Recientemente, como señal de que México podría estar fortaleciendo su capacidad de control, su autoridad antimonopolio multó a cinco empresas navieras internacionales por participar en un esquema de fijación de precios en el transporte de vehículos. Sin embargo, México aún tiene un largo camino por recorrer antes de ser considerado un líder en la aplicación internacional contra cárteles.
Este capítulo se centra en los desafíos que enfrenta Estados Unidos al perseguir investigaciones de cárteles transfronterizos, los cuales también tienen implicaciones para otros países del continente. Aunque las leyes antimonopolio de EE. UU. tienen un alcance extraterritorial amplio en teoría, existen limitaciones prácticas que dificultan la obtención de pruebas en el extranjero.
Además, EE. UU. enfrenta obstáculos diplomáticos para extraditar a individuos acusados de violaciones antimonopolio, lo que limita su capacidad para procesar conductas de cárteles extranjeros. A medida que Canadá, Brasil y otros países se involucren más en investigaciones internacionales, probablemente enfrentarán desafíos similares.
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