Siendo Suiza uno de los países más activos en la lucha contra la corrupción y la restitución de activos y fondos derivados de ella, se han implementado diversas iniciativas en los últimos años. Actualmente, la nación continúa trabajando en el fortalecimiento de medidas internacionales para abordar los fondos pertenecientes a altos dirigentes que transfirieron dinero a bancos suizos producto de actos corruptos.
Expertos suizos del gobierno recomiendan la aplicación de cinco instrumentos clave para excluir fondos de líderes políticos, tales como:
- Prevención de la corrupción: atacar la raíz del problema.
La mayoría de las leyes y procedimientos suizos están diseñados para combatir la corrupción, incluidas sus políticas exteriores y de cooperación al desarrollo. Estas incorporan medidas como la implementación de programas de buena gobernanza. - Identificación: permitir que bancos y centros financieros conozcan a sus clientes y el origen de sus fondos.
“Conozca a su cliente” es el lema de casi todos los bancos suizos, como medida para certificar la identidad de la parte contratante y del beneficiario económico. De hecho, la normativa suiza contra el lavado de dinero establece una obligación especial de esclarecer el origen de los fondos y la identidad de líderes políticos o personas expuestas políticamente (PEPs). - Transacciones sospechosas: reportar y congelar.
La Oficina Suiza de Lavado de Dinero contempla la obligación de bancos, centros financieros e intermediarios de reportar cualquier transacción que genere dudas. Si se valida como sospechosa, debe ser bloqueada de inmediato. Se deben aplicar medidas adicionales para evitar que los fondos sean retirados antes de que un país extranjero solicite su investigación. - Asistencia jurídica: facilitar la cooperación con los Estados de origen.
Suiza proporciona asistencia legal a los Estados que solicitan investigar cuentas sospechosas, promoviendo la cooperación internacional efectiva. - La restitución de activos robados es una prioridad.
Suiza considera fundamental que el dinero perteneciente a altos funcionarios públicos no circule en sus centros financieros. El país prioriza que dichos activos sean devueltos a sus países de origen y procura que, una vez restituidos, no regresen al circuito financiero criminal.
Con la implementación conjunta de estas medidas, la lucha contra la corrupción y la recuperación de activos robados puede convertirse en una batalla más eficaz y duradera.
