Los fondos ilícitos de origen dudoso podrían parecer un asunto meramente económico y jurídico, del que solo los gobiernos o instituciones públicas tendrían algo que decir. Nada más alejado de la realidad.
Es bien sabido que los asuntos políticos están profundamente vinculados con la defensa de los derechos humanos, y la lucha contra los fondos financieros ilícitos no es la excepción. La base es sencilla: combatir los fondos ilícitos —no solo prevenirlos, sino también recuperarlos y devolverlos a sus países de origen— convierte este tema en un debate político, ético y social. El objetivo es que dichos fondos se integren al presupuesto nacional como dinero público, para que puedan ser devueltos a su población.
En el contexto de la lucha mundial contra la pobreza extrema, el dinero proveniente de la corrupción, el tráfico ilícito o la evasión fiscal no puede ser ignorado, y mucho menos quedar fuera de control. Los Estados deben garantizar que el dinero de los contribuyentes se utilice efectivamente para mejorar los recursos sociales y preservar el bienestar nacional. Asimismo, deben regular de forma justa y transparente las transacciones financieras —ya sean de cuentas corporativas o individuales— para proteger la economía del país y brindar estabilidad y confianza.
Los países en desarrollo y en transición son los más vulnerables frente a la corrupción. Su inestabilidad y debilidad económica (entre otros factores) facilitan irónicamente las prácticas corruptas. Y, con frecuencia, son precisamente estos países —los más afectados por altos niveles de corrupción— los que no solicitan inspecciones sobre dichas prácticas, ni mucho menos la repatriación de fondos cuya procedencia ilícita ha sido comprobada.
Muchos países enfrentan una doble situación: altos niveles de corrupción interna y ausencia de voluntad para investigar flujos sospechosos desde sus propios gobiernos. En estos casos, los recursos nacionales para prevenir y combatir la corrupción son escasos e ineficaces. La corrupción suele convertirse en parte de las prácticas cotidianas, desde las élites de poder hasta la rutina diaria de los ciudadanos, transformándose en un problema persistente.
Si el mundo aspira a erradicar la pobreza extrema y el hambre algún día, la cooperación internacional es urgente y esencial para actuar en los países más vulnerables. Ignorar la situación y tratar la corrupción como un problema meramente local o nacional ya no puede seguir siendo la respuesta. Revelar, regular, intervenir y repatriar esos fondos se vuelve clave en esta batalla.
